Una oferta de lágrima

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Recientemente recibí una carta informativa de la compañía que distribuye mis procesadores auditivos en España. Se titula ‘Obsolecescencia de los procesadores de sonido A, B, C y D” (omito los nombres verdaderos) y en ella se me informa de que los modelos que utilizo y sus accesorios “han dejado de estar disponibles comercialmente”. La carta comienza con un la compañía fabricante “tiene un compromiso de por vida con sus usuarios para que escuchen siempre lo mejor posible, mejorando continuamente sus procesadores de sonido y accesorios” y, a continuación, informa de que los modelos señalados ya no se fabrican ni se venden, porque la tecnología ha avanzado y ahora tienen otros modelos mucho más bonitos, más pequeños, más todo, menos baratos, claro.

Asimismo, la misiva indica que la compañía fabricante continuará brindando servicio de reparación y postventa de los procesadores indicados durante cinco años desde la fecha en que el producto dejó de fabricarse, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2019, y que “a partir de enero de 2020 ya no será posible la reparación de dichos procesadores”. Bueno, por lo menos tienen la decencia de informar a los usuarios.

Yo sí sabía que dejaban de fabricarlos, lo que no sabía es que también dejarán de repararlos y, en consecuencia, nos obligan a comprar uno nuevo en el mismo momento en que uno de esos procesadores se estropee a partir de la fecha indicada. O eso, o tirar de trompetilla, dado el precio que tienen.

La única alternativa que nos ofrecen en su carta es comprar uno nuevo cuando se rompan y ya no los reparen, porque no están obligados por ley, o adquirir uno ahora con un descuento del 10% ¡Wuoau! Porque, claro, tienen un “compromiso de por vida” con los pacientes.

Como usuaria, considero que es una práctica abusiva, pues no nos ofrecen otra alternativa que adquirir unos procesadores nuevos a un precio bastante caro, aún con el descuento (5.400€). Lo suyo, dado que ya no se podrán reparar, es que planteen una solución que permita sustituir los procesadores a un precio simbólico, no cobrándonos como un lujo lo que en realidad es una necesidad, un producto de apoyo imprescindible para nuestro día a día, para relacionarnos con los demás, trabajar y seguir adelante con nuestras vidas.

Si tuvieran ese “compromiso de por vida” del que alardean en la misiva, no fabricarían los procesadores con obsolescencia programada y no nos obligarían a comprar uno (perdón, a actualizar el modelo) cada equis años, garantizarían su usabilidad de por vida, y rebajarían el precio de los modelos antiguos al tiempo que ampliarían la oferta con otros nuevos para quien quiera estar más al día o tener más prestaciones. Pero no. Los retiran. Los retiran y encima no los reparan. Y tan a gusto que se quedan.

RESPUESTA

Escribí a la compañía distribuidora de los procesadores en cuestión y me respondieron lo siguiente:

“En primer lugar, agradecerle su escrito y compartir con nosotros sus inquietudes.

La carta que FFF ha enviado a los usuarios es para informar, tal como nos indicó el fabricante,  de la obsolescencia de los modelos de indicados, A, B, C y D.

Es el fabricante quien nos informa de las fechas en las que dejan de fabricar y reparar sus productos tanto para los implantes osteointegrados, como es su caso, y para implantes cocleares, así como sus accesorios.

FFF informa a los usuarios de esta situación y es por este motivo que ofrecemos un descuento para la renovación del mismo.

Es de su voluntad actualizar o no en este momento su procesador o hacer uso de él hasta que no sea reparable”.

“Es de su voluntad actualizar o no en este momento su procesador o hacer uso de él hasta que no sea reparable”. Obviamente. O, como ya he dicho irónicamente, comprarme una trompetilla cuando llegue el momento.

Es decir, me están forzando a comprar uno nuevo, ahora, o a partir de 2020, cuando se me rompa cualquiera de mis procesadores y no los pueda reparar porque la ley no les obliga a tener piezas de repuesto.

El artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, “se considerará agresiva toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, merme o pueda mermar de forma importante, mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la influencia indebida, la libertad de elección o conducta del consumidor medio con respecto al producto y, por consiguiente, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera tomado”.

Asimismo, el artículo 8b de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que éstos tienen derecho a “la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos”.

¿No es abusivo cobrar 6.000 euros por un procesador auditivo y que cada equis tiempo tengas que comprar uno nuevo, porque deciden dejar de fabricarlos y la ley no les obliga a repararlos más allá de los 5 años que establece tras el cese de su fabricación?

No me han amenazado, ni acosado ni coaccionado, pero sí considero que merman mi libertad de elección, pues, sí o sí, tarde o temprano, no tendré más remedio que comprar dos procesadores auditivos nuevos, cuyo precio es desorbitado. En su día busqué utilizar un procesador de otra marca, pero el precio era similar, así que, insisto, mucha libertad de elección no hay. Salvo que vuelva a utilizar un audífono retroauricular en la única oreja que tengo, lo que implica retroceder en mi calidad de vida.

Yo no quiero renovar ahora mis procesadores, con los que me apaño estupendamente y que han supuesto un extraordinario cambio en mi calidad auditiva. Es más, con lo que cuesta, más vale que me dure 10 años más. No es eso. Lo que critico y cuestiono es la obsolescencia programada, que no garanticen su reparación más allá del mínimo establecido por la ley.

LEY DE GARANTÍAS

En este sentido, también me puse en contacto con a Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y me señalaron que la ley de garantías establece que en los productos de naturaleza duradera, como pueden ser un vehículo, un electrodoméstico o aparatos informáticos, el consumidor tendrá derecho a un adecuado servicio técnico y a la existencia de repuestos durante el plazo de 5 años a partir de la fecha en que el producto deje de fabricarse, y esto incluye también productos como los audífonos y procesadores auditivos, dado que son considerados productos tecnológicos.

Obviamente, la compañía fabricante hace una aplicación estricta de la ley, que, por otra parte, da el mismo tratamiento a una lavadora que a un procesador auditivo. En resumen, no hay nada que hacer. Lo que hacen se enmarca en la legalidad, lo que no implica que la ley sea justa.

Los productos de apoyo necesarios para las personas con discapacidad deberían tener una protección legal especial, una ley de garantías específica, para que su reparación esté garantizada de por vida o, al menos, más allá de los 5 años establecidos por la ley de garantías, pues son algo más que un mero producto de consumo de usar y tirar, son una herramienta imprescindible para la vida diaria de las personas con discapacidad.

¿Cómo es posible que aún no haya una legislación especial para este tipo de productos? Tenemos la Convención de la ONU de Derechos de las Personas con Discapacidad, legislaciones que regulan la inclusión laboral, pero no una normativa que proteja de manera especial nuestros derechos como usuarios de productos de apoyo que son imprescindibles para nosotros, imprescindible, y, por tanto, no deberían fabricarse bajo la filosofía consumista de usar y tirar, pues son, insisto, algo más que un mero producto de consumo y, en el caso de los audífonos y procesadores, algo más que un mero producto tecnológico.

Yo, que no sirvo para quedarme quieta, he remitido una queja tanto a la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), que el año pasado lanzó la campaña 'Llenemos de Vida el Silencio #QueLoEscucheTodoelMundo 2017', como al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), a la Fundación AICE y a Euro-CIU, con la esperanza de que puedan ayudar a buscar una solución a una situación cuanto menos indignante, de la que me río por no llorar, porque realmente es una oferta de lágrima.

Me dicen que es un tema que conocen, que les preocupa tanto como a mí, y a tantas personas, que están trabajando en ello, pero ninguno me dice si concretamente se está impulsando una ley específica de garantías de productos de apoyo para personas con discapacidad, concretamente, para personas sordas, o para prohibir la obsolescencia programada de los mismos. Sí me comentan que es una cuestión que supera a España y que debería tener un tratamiento a nivel europeo.

No se trata de mi caso particular, es la situación de muchas personas sordas que necesitamos utilizar audífonos y procesadores imprescindibles para nuestro día a día, de muchas personas con discapacidad que necesitan productos de apoyo esenciales para su vida y que no solo nos cobran a precio de lujo, cuando es una necesidad, sino que nos obligan a renovar cada equis tiempo, porque la ley les ampara.

Pues cuando la ley es injusta, hay que cambiarla. Si no, la esclavitud seguiría siendo legal, las mujeres no tendrían derecho al voto y las personas con discapacidad aún seguiríamos siendo un lastre para la sociedad, en lugar de un colectivo enriquecedor para la diversidad social.

 

 

 

APUNTESVicky Bendito