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Esta que comenzamos hoy, 24 de septiembre, es la semana internacional de las personas sordas. Durante estos días, las personas sordas visibilizamos nuestra realidad y expresamos nuestras demandas.

Hace un par de años decidí firmar la petición de Marcos Lechet en change.org y, por la misma razón que el 2 de diciembre de 2012 no dudé en sumarse a la Marcha SOSDiscapacidad, convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad(CERMI) y me eché a la calle con todas mis ganas, hace unos meses no dudé en apoyarle de nuevo, esta vez con su campaña en redes sociales #QueremosOír #OírEsUnDerecho, no un lujo, en el que reivindica que los implantes cocleares, los osteointegrados y los audífonos deben ser accesibles económicamente, porque, al precio que están, son una ruina para el bolsillo de cualquiera que no esté montado en el dólar.

Mis tuits iban más o menos en su línea, con algunos retuits y poco más, hasta que colgué este

Los retuits y comentarios comenzaron a subir de una forma vertiginosa ¡500! En mi vida había tenido tantos. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que están apoyando esta campaña.

Evidentemente, es una cuestión de la que no se sabe mucho, porque la mayoría de nosotros nos buscamos la vida para conseguir los audífonos o procesadores o implantes sin los cuales no podríamos relacionarnos con los demás, aprender, desarrollarnos, crear, compartir, trabajar.

La cuestión es que apenas existen ayudas, y las que hay son mínimas. Ya hablé de esto en el post “Oír es un derecho”. Sólo si instituciones como la Fundación ONCE te echan una mano, como fue mi caso (no sabéis lo agradecida que estoy) puedes capear la situación, que supone un enorme agujero para la economía familiar de cualquier ciudadano medio.

La cuestión es que oír es un derecho, que las personas con discapacidad necesitamos, insisto, necesitamos una serie de productos de apoyo para nuestro día a día que nos obligan a pagar de nuestro bolsillo porque el sistema así lo impone, porque el sistema, el mundo, no está hecho para las minorías, que deben levantar la voz una y otra vez para reclamar algo que es de justicia social.

Cuando se me rompieron mis dos procesadores auditivos me encontré con que el arreglo de cada uno de ellos me salía por 720€. Era verano y ya había pagado mis vacaciones a un lugar estupendo. Llamé para ver si podía cancelar el viaje y me devolvían el dinero. Como no había sufrido ningún accidente ni estaba ingresada ni nada parecido, me dijeron que no. Una faena y de las gordas.

Despotricando de la situación, una amiga me comentó que era razonable que lo pagara de mi bolsillo, al fin y al cabo, como trabajadora con discapacidad me retenían menos en la nómina. Y yo le respondí: “El caso es que tú y yo, ingresando lo mismo todos los meses en el banco, yo tengo que ahorrar todos los meses para cuando se me rompa el aparato y plantearme cancelar mis vacaciones y tú, no, que si quiero cambiar las ventanas de mi casa, me lo pienso dos veces, porque a lo mejor, lo que me gasto en las ventanas bien me puede valer para mis audífonos, y tú, no”.

¿QUÉ ES UN LUJO?
¿Por qué tenemos que abonar un tercio de nuestros ahorros para conseguir una producto de apoyo (audífono, silla de ruedas, prótesis para un brazo o una pierna) cuando no es un capricho, es una necesidad, y cuando sin estas ayudas no podríamos hacer una vida normal? Un lujo es gastarse el dinero en algo que realmente no es una necesidad, sino algo que te apetece. A mí no me apetece ser sorda y tener que llevar audífonos, pero nací así ¿Y tengo que pagar por ello?

En el mismo momento en el que se nos obliga a afrontar un gasto de tal magnitud se nos está haciendo pagar por nuestra discapacidad, que no elegimos. Cualquiera puede acabar sordo, ciego o con movilidad reducida y tener que hacer frente a un sistema que predica la igualdad pero practica la caridad. Y yo no quiero caridad, quiero tener derecho a que el Estado me cubra lo que necesito, porque además, pago mis impuestos, como cada hijo de vecino sin discapacidad.

El artículo 26.3 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que “los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación”. Pero resulta que no todos pueden disponer de esos productos de apoyo imprescindibles para su día a día porque, sencillamente, nos les llega y no hay ayudas, porque estamos creando una sociedad en la que si tienes dinero tienes educación, sanidad etc y, si no, o te endeudas o te fastidias.

El artículo 49 de la Constitución, recogido en el Título I (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas), dice que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Evidentemente no es así.

No pedimos que quienes investigaron para hacer posible esa tecnología que nos hace la vida más fácil ganen menos. Claro que no. No pedimos que las empresas que los fabrican ganen menos. El trabajo y la investigación tienen un gran valor. Pedimos que el Estado facilite, subvencione, cubra esos avances tan importantes y que tanto benefician a una parte de la población que también debe tener garantizados sus derechos fundamentales.

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